COVID-19 ¿La Tormenta Perfecta para la estabilidad de los
venezolanos?
Control Social, política social y terrorismo de Estado.
Para nadie es un secreto la situación global que se vive
desde la llegada del COVID-19, una situación delicada y que amerita una serie
de medidas ineludibles para evitar su propagación y todo lo que ello implica.
Ahora bien, de allí a utilizar esa situación como un
mecanismo “macabro” de control social es otra historia. Pero, ¿qué es el
control social como tal? Si bien es cierto que esta figura no es más que el
conglomerado de prácticas, valores y actitudes destinados al mantenimiento del
orden necesario y establecido en las diferentes sociedades, también es cierto
que para su aplicación es posible utilizar medios coercitivos y hasta
violentos; existen también otras formas de llevarlo a cabo y que no son como
tal coactivas.
Hasta ahora hemos visto que en Venezuela han estado
presentes estas medidas, tanto las coactivas como las no coactivas. Un ejemplo
de ello es la criminalización de la protesta en medio de un Estado de Excepción,
en el cual las personas así no cuenten con los servicios públicos necesarios,
no pueden ejercer su constitucional derecho a la protesta (este último inhibido
por dicho estado de excepción) para exigir contar por lo menos con agua y
electricidad. Lo cual se ha traducido en detenciones de decenas de venezolanos
por este hecho.
De igual manera, hemos visto como se ha aplicado un
control social no coactivo, que en este caso ha sido producto de la propia
conciencia social de los venezolanos, control que se hace palpable con la
reprobación que nos hacemos los unos a los otros si por lo menos vemos a
alguien salir a la calle sin su tapa boca, o al entrar a un establecimiento sin
poner en práctica ninguna de las recomendaciones dadas para prevenir el
contagio de COVID-19.
Pero bueno, ¿a qué nos lleva esto? Pues al ver el uso de políticas
coactivas para controlar a la sociedad me es inevitable pensar en lo que se
conoce como “Terrorismo de Estado”, figura que puede ser definida como “Cuando
el Estado a través de sus gobernantes reprime a la población, la hostiga, la
persigue, de modo sistemático, para poder llegar a dominarla a través del
temor, evitando cualquier acto de resistencia a la opresión, esa manera de
actuar recibe el nombre de terrorismo de Estado, que es un abuso de su poder
coactivo, donde los civiles son secuestrados, torturados o asesinados, sin
juicio previo, o sin las garantías del debido proceso”
Quizás puedan pensar que estoy exagerando, pero no, desde
el simple hecho de escuchar a un alcalde, amenazar a una comunidad con la suspensión
del CLAP, por el solo hecho de protestar, está quedando en evidencia esta conducta terrorista por parte del Estado
venezolano. Sin contar con las aprensiones y demás hechos irregulares que vemos
cada día y que lamentable nos hemos acostumbrado.
¿A donde quiero llegar con todo esto? a que seamos
capaces de entender la gravedad de nuestro panorama, pues si bien es cierto que
la situación con el COVID-19 es delicada, es algo que vino a facilitarle al Estado
venezolano el escenario idóneo para aplicar de frente las medidas de control
social que mejor sabe aplicar, lo cual en medio de la pandemia, la escasez de
combustible y la precariedad de los servicios públicos y de salud han
configurado una “Tormenta Perfecta”.
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